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La diputada provincial de la Unión Cívica Radical, Ivana Ricca, expresó su indignación y preocupación ante la reciente decisión del gobierno nacional de restablecer términos discriminatorios en la clasificación de personas con discapacidad. La legisladora, reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de este colectivo, calificó la medida como “una brutal ignorancia y un desprecio absoluto por la dignidad humana”.
En diálogo con San Luis Streaming, Ricca no solo criticó la resolución que menciona a las personas con discapacidad con términos como “imbéciles”, “idiotas” o “débiles mentales”, sino que también advirtió sobre la falta de sensibilidad del gobierno de Javier Milei. “Cuando tenés un micrófono, tenés que ser tan respetuoso… Más aún un presidente de la Nación. No se trata solo de palabras, sino de lo que implica para miles de familias que luchan día a día por inclusión y derechos”, afirmó.
Un retroceso alarmante en los derechos de las personas con discapacidad
La diputada hizo hincapié en la lucha de décadas para erradicar estas clasificaciones que estigmatizan a las personas con discapacidad. “Estamos hablando de conceptos que fueron eliminados hace más de 30 años por su carácter discriminatorio y ahora los quieren volver a imponer”, denunció Ricca.
Además, reveló que muchas familias están recibiendo cartas documento en las que se les exige justificar nuevamente la condición de discapacidad de sus hijos o familiares para no perder los beneficios y tratamientos. “Estamos frente a una política de ajuste brutal que ataca a los más vulnerables. Hay personas con discapacidad severa que, si se quedan sin cobertura, quedan a la deriva”, advirtió.
“No es un gasto, es un derecho”
Ricca también abordó el argumento del ajuste presupuestario del gobierno nacional. “Es cierto que hay casos en los que se han otorgado beneficios sin justificación, pero eso no puede ser excusa para una caza de brujas que perjudique a quienes realmente lo necesitan. El problema no es el gasto en discapacidad, sino la corrupción en otros ámbitos que se lleva fortunas”, sostuvo.
Asimismo, destacó la importancia de que el Estado garantice la accesibilidad, la inclusión laboral y los tratamientos adecuados. “Hay que dejar de tratar la discapacidad como una carga. No es un gasto, es un derecho. Muchas familias hacen esfuerzos enormes para que sus hijos tengan autonomía, y lo que necesitan del Estado es acompañamiento, no obstáculos”, enfatizó.
Un llamado a la acción
Durante la entrevista, la diputada radical también destacó la importancia de trabajar junto a otros actores políticos y sociales para frenar estas medidas. “Voy a hablar con Luis Giraudo, ministro de Discapacidad de la provincia, y con otros referentes. En San Luis tenemos herramientas y un enfoque de inclusión que no podemos permitir que se desmorone”, aseguró.
Por último, dejó un mensaje claro: “No vamos a permitir que discursos de odio y atraso nos hagan retroceder décadas en derechos conquistados. La discapacidad no puede ser moneda de ajuste ni excusa para la discriminación. La inclusión y el respeto no son privilegios, son derechos innegociables”, concluyó.
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