Por Gustavo Thompson.
En la política de San Luis empiezan a aparecer señales que obligan a abrir un debate incómodo, pero necesario. Un debate que no gira solamente alrededor de elecciones o liderazgos, sino sobre algo mucho más profundo: la relación entre poder, justicia y política en la provincia.
Las recientes declaraciones del gobernador Claudio Poggi, cuando afirmó públicamente que Alberto Rodríguez Saá no es su enemigo sino su adversario, encendieron interpretaciones que van mucho más allá de una simple diferencia semántica.
Porque en política las palabras pesan. Y cuando un gobernador introduce una aclaración que nadie le había pedido, inevitablemente deja abierta la puerta a múltiples lecturas.
La más evidente es la que muchos comienzan a comentar en voz baja en distintos ámbitos políticos de la provincia: la posibilidad de una convivencia política entre los sectores que históricamente se presentaron como antagonistas.
Oficialismo y oposición compartiendo, de algún modo, un mismo sistema de poder.
Una dinámica que no sería nueva en la política argentina, pero que en San Luis adquiere una dimensión particular por el peso histórico que han tenido los hermanos Rodríguez Saá y ahora el propio Claudio Poggi en la conducción de la provincia.
En ese contexto aparece otro fenómeno que también llama la atención: la creciente judicialización de la política.
Causas, denuncias, investigaciones y expedientes que involucran a dirigentes de distintos espacios comienzan a ocupar un lugar central en el debate público. La justicia se convierte así en un escenario paralelo donde se dirimen conflictos que antes se resolvían exclusivamente en el terreno político. Lo alarmante es que a ninguno les preocupa, parece ¿no les llama la atención?, ¿van a la justicia pero con previos acuerdos porque manejan el poder judicial también?.
Es precisamente allí donde surge la pregunta que empieza a sobrevolar el clima político provincial:
¿Puede la administración de esos conflictos judiciales transformarse en un nuevo factor de equilibrio entre los sectores de poder?
Dicho de otro modo:
¿la política de San Luis está entrando en una etapa donde la convivencia entre adversarios se sostiene también sobre la necesidad mutua de evitar que determinados conflictos escalen demasiado?
Es una hipótesis incómoda, pero que muchos analistas políticos comienzan a considerar. Estamos rodeados de corruptos que juegan sobre una línea muy delgada donde la sociedad puede cortar en cualquier momento.
Porque cuando oficialismo y oposición se mantienen dentro de un mismo esquema de poder durante largos períodos, suele aparecer un mecanismo tácito de preservación mutua. Ya son muy obvios como groseros.
No necesariamente a través de acuerdos explícitos, sino mediante equilibrios silenciosos que garantizan la estabilidad del sistema.
Mientras tanto, en el interior provincial comienzan a surgir otras inquietudes.
Particularmente en Villa Mercedes, donde distintos sectores políticos y sociales perciben que el debate sobre el futuro de la provincia se está desarrollando en un círculo cada vez más reducido, dominado por los mismos nombres que han marcado la política puntana durante décadas.
La figura del intendente Maxi Frontera aparece, en ese contexto, como un actor que no termina de encajar del todo dentro de esa lógica de convivencia entre estructuras tradicionales del poder provincial, es decir queda afuera ¿alguien lo nombra?, el mismo Poggi ¿lo reconoce?, ¿de qué sectores aparecen los nuevos secretarios?, ¿entró alguno de Frontera?, mientras el mismo Frontera declaró que es parte del Frente Ahora San Luis.
Esa tensión como ninguneo también empieza a formar parte del nuevo tablero político de San Luis.
Hay además otro elemento que muchos observadores de la política puntana comienzan a señalar con cada vez menos rodeos.
San Luis no tiene legalmente reelección indefinida para la gobernación, sin embargo, en los hechos el poder provincial ha permanecido durante décadas dentro de un mismo círculo político. Primero con los largos ciclos de gobierno de los hermanos Rodríguez Saá, luego con el regreso de Claudio Poggi al centro del poder provincial.
El resultado práctico es que, aun sin una reelección ilimitada en términos jurídicos, el poder termina rotando entre los mismos nombres y los mismos espacios políticos por décadas y la «sociedad continúa», los une el espanto, la CORRUPCION, se miden el aceite a través de la justicia, uno mas corrupto que otro.
Una suerte de continuidad estructural que muchos ciudadanos comienzan a percibir como un sistema cerrado.
En ese contexto también aparece otro debate que forma parte del clima político provincial: la relación histórica entre Poggi y los hermanos Rodríguez Saá, quienes fueron decisivos en su proyección política dentro de la provincia. Esa historia compartida vuelve hoy a ser observada bajo una nueva luz por quienes analizan el actual escenario de convivencia política entre sectores que durante años se presentaron como rivales.
Así, más allá de los discursos de confrontación que suelen aparecer en campaña, el sistema político puntano parece seguir girando alrededor de un mismo núcleo de poder que se recicla elección tras elección. Ya es muy grosero como omiten al líder mercedino ¿no les parece?.
Y es precisamente allí donde muchos ciudadanos comienzan a hacerse una pregunta incómoda:
si el problema de San Luis no es la reelección indefinida en lo legal, sino la permanencia indefinida de los mismos actores en el control del poder provincial.
En este escenario, la discusión que San Luis parece tener por delante no es solamente electoral.
Es institucional.
Porque cuando la política comienza a convivir permanentemente con conflictos judiciales y las fronteras entre adversarios se vuelven cada vez más difusas, el riesgo es que la sociedad termine naturalizando situaciones que deberían generar alarma institucional.
La corrupción, la impunidad o las disputas judiciales entre dirigentes no pueden transformarse en un componente normal del funcionamiento político.
Si eso ocurre, la democracia empieza a perder calidad.
Por eso la pregunta que hoy comienza a instalarse en el debate público provincial no es menor:
¿la corrupción se está convirtiendo en el nuevo factor de unidad del poder en San Luis?
La respuesta todavía no está escrita.
Pero lo que sí está claro es que la sociedad puntana necesita que la política vuelva a discutir proyectos, desarrollo y futuro, y no solamente equilibrios de poder entre dirigentes que llevan décadas ocupando el centro de la escena, menos, tres personajes que vomitan corrupción entre ellos mismos no pueden oficiar de tapón generacional en contra de personas y mucho más, dejando de lado a la segunda ciudad mas importante de la provincia.
Porque cuando el poder se organiza únicamente para preservarse a sí mismo, la democracia empieza a vaciarse de contenido.
Y esa es una discusión que San Luis ya no puede seguir postergando.
